CAMPANEANDO

Declaracion y resoluciones del plenario:

La ciudad de Córdoba va deslizándose barranca abajo y con ello el nivel de vida de sus ciudadanos.

Más endeudamiento, tarifazos, impuestazos, peores servicios y ausencia del estado municipal. Ya no quedan barrios que no estén inundados por los líquidos cloacales, la mugre nos tapa por el deficiente servicio de recolección de residuos, elevando el problema sanitario y ambiental a la enésima potencia; la privatización de Crese, al igual que la del transporte hace padecer a los usuarios víctimas de un servicio caro e ineficiente; calles plagadas de baches y oscuras, el tránsito imposible; deficientes servicios de salud que afectan a los sectores más humildes. Esta decadencia la comprobamos a diario los cordobeses.

Mientras tanto hay quienes siguen haciendo grandes negocios en la ciudad, especulando con la tierra y con la vivienda a costa de los que son expropiados de ese derecho. Acceder a un techo se ha convertido en un imposible. Todo es “negocio” para esta administración, por eso privatizó la Tamse y la CRESE, más baratas y eficientes, para cambiarlas por un sistema deplorable que prestan los “amigos”.

El intendente interpreta desde su neoliberalismo que gobernar la ciudad es administrar los negocios privados y favorecer las condiciones para su libre desarrollo, por eso le pareció natural aceptar la invitación de ERSA a su fiestecita. Y como si faltara algo más el tufillo de corrupción, las sospechas de vinculaciones con el narcotráfico, con las maniobras financieras y otros negocios, sueltan un hedor ya imposible de seguir soportando.

Además de neoliberales, han demostrado que también son inútiles.

Córdoba necesita un cambio y no solo de intendente sino de paradigma de gestión. El derecho a la ciudad debe ser para todos y no solo para algunos privilegiados. Poner a la inclusion como prioridad y principal objetivo es lo que la impronta de la hora exige para sumar la ciudad al ritmo de los cambios que se están operando en el país y en latinoamérica. Recuperar el rol del estado como regulador de los conflictos sociales y la puja de intereses, proveedor de servicios público eficientes, defensor de la cultura y la identidad de la ciudad y sus barrios tradicionales, protagonista en el empeño de los sectores populares por el acceso a la tierra y la vivienda, garante de la salud de sus ciudadanos.

Un estado participativo con una sociedad movilizada.

Lamentablemente hay que esperar un año largo para desplazar a esta banda de aventureros del poder municipal. Nos queda en este tiempo una tarea insoslayable: reunir a todo el espacio kirchnerista y a todos los cordobeses, honestos, comprometidos con su ciudad, para darle forma a una fuerza capaz de disputar el gobierno de la ciudad en serio. Convocatoria de unidad no solo de los que están identificados con el gobierno nacional, porque con eso no alcanza, sino a todos los que dan muestras de rebeldia, que hacen visibles los problemas, y piden y proponen soluciones.

Estamos en una emergencia histórica y no pueden ponerse en el medio mezquindades, ni apetencias personales o sectoriales.

Por eso convocamos, desde este plenario a ordenar y organizar la rebeldía ciudadana, para que desde las calles, desde la protesta y la formulación de propuestas, no solo resistamos a la debacle sino que vayamos por más: por un gobierno municipal nacional y popular

Por estas consideraciones el plenario de organizaciones kirchneristas y movimientos sociales resuelve:

1)Dejar constituido el Encuentro por una Córdoba Inclusiva con la finalidad de avanzar en el tratamiento y propuestas de los problemas de la ciudad y darle forma a una alternativa política para disputar la Municipalidad en el 2015.

2)Convocar a todo el espacio del Kirchnerismo de la capital a esta iniciativa, a enriquecerla proponiendo alternativas que coadyuven a los objetivos aquí planteados.
3)Convocar a las organizaciones barriales, sociales y ciudadanos con aspiraciones de cambio a ser parte activa de esta propuesta.

4)Poner en marcha una Comisión de Seguimiento y grupos de trabajos que se avoquen a profundizar en los aspectos específicos.

5)Colaborar, promover y apoyar acciones de resistencia que sirvan para hace visibles los problemas que se sufren a diario en la ciudad y forzar respuestas por parte de la gestión municipal.

6)Cuantificar los perjuicios que está sufriendo la ciudadanía por el colapso de los servicios en materia de salud y bienestar y los probables hechos de corrupción e incumplimiento de las funciones, y promover acciones penales contra el Intendente Ramón Mestre por la posible comisión de delitos.

Encuentro por una Córdoba Inclusiva

Ayer me encontré con un amigo de la escuela primaria con el que solíamos pasar muchas tardes en su casa paterna de la calle 9 de julio al 800 y entre tantos recuerdos que se hicieron presentes, le pregunté sobre que había sido de esa hermosa casona colonial, con dos patios, galería, vitrales que a mi me fascinaba.

-La demolieron para hacer un salón de ventas – me contestó.

Así ha venido pasando en casi todos los barrios desde hace varios años, cambiando totalmente la fisonomía de la ciudad, demoliendo muchos iconos y referencias culturales y afectivas para los cordobeses.

El Foro para la defensa del patrimonio cultural de Córdoba, ha denunciado que “el 40 % de los inmuebles patrimoniales de Nueva Córdoba, Centro, General Paz y Alta Córdoba desapareció en los últimos 20 años” y en los últimos 10 años “ fueron demolidas el 30 % de las viviendas para hacer edificios y lograr mayor rentabilidad”

Cuando demolieron la Casa de las Tejas, nos preguntábamos el porque de tanta premura-aunque se sabía que tenía fines electorales- y si bien, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico- esto es desde una mirada técnica- había muchas opiniones favorables en función de lo proyectado ya que iba a agilizar el tránsito y valorizar la zona, el bien estaba calificado en la ordenanza 11.190 como un bien que tiene “valor social, de identidad”. Está claro que el valor social y la identidad de una ciudad, de un barrio, de una comunidad es un concepto subalterno frente a los que mueven las inversiones y la planificación, prohijadas por las decisiones políticas de los gobiernos locales. Esta sociedad entre el Estado Municipal y los inversores privados no es de ahora, pero se ha agudizado en los últimos años en el mundo y en Córdoba particularmente desde la asunción de Mestre Jr.

Euromayor está construyendo un complejo sobre el cadáver de la Cervecería Córdoba, sobre la historia laburante de sus obreros y con el aplastamiento de su resistencia. Un complejo para sectores de altos ingresos, con más de 1000 departamentos y 830 cocheras, servicio de vigilancia permanente, locales comerciales, oficina, museo, etc. Es un emprendimiento de alto impacto en ese barrio tradicional. No solo por el valor simbólico y cultural destruido sino por las modificaciones que introducirá en su entorno: miles de vehículos más transitando por la zona y con ello más contaminación ambiental, miles de personas más, más producción de basura, aumento del precio de la tierra con la consiguiente emigración de antiguos pobladores a las periferias, cambios de hábitos y costumbres. A una cuadra de la cancha de Belgrano ¿qué tiempo pasará para intentar erradicarla y evitar los tumultos y las muchedumbres futboleras? Sin ponerse en contra del progreso, son cuestiones que deben ser debatidas por los habitantes de Córdoba y más por los afectados que tienen derecho a hacerse oír por los organismos públicos. El derecho a la ciudad, no solo implica el acceso universal a los servicios y a los bienes públicos y a una adecuada calidad de vida, sino también la posibilidad de pensar la ciudad que queremos, a ser protagonistas a la hora de decidir el rumbo de su desarrollo. Hoy esto no ocurre y las decisiones son tomadas por los dueños del capital, por los que canalizan las inversiones rentísticas, por los que en definitiva hacen negocios con la ciudad y por el poder administrador, municipal y provincial que ponen el eje de sus gestiones en el fomento y sostén de los negocios privados.

Y este es un ejemplo. Ahí está también el emprendimiento de Eurnekian en el predio del ex Batallón 141, que al finalizar la gestión de Juez, declaramos área verde. Las 4000 viviendas que se agregan, con sus autos y demandas de servicios representa un impacto ambiental que no podemos mensurar pero que lo vamos a sufrir los cordobeses. Y los innumerables barrios cerrados con todos los servicios (algunos de los cuales no pagan impuestos porque figuran como baldíos) que fragmentan geográfica y socialmente la ciudad. El grueso de las inversiones inmobiliarias se han canalizado hacia proyectos rentísticos, especulativos y no a resolver el déficit de vivienda. Esto significa que la lógica de crecimiento de la ciudad, es la del capital que busca maximizar la ganancia, concentrando la riqueza y aumentando la explotación de los trabajadores por la vía de la desposesión. Desposesion de la tierra, del empleo, de los bienes culturales, de la identidad, del acceso a los bienes públicos; en definitiva del derecho a la ciudad que parece reservado a los dueños del capital.

El sábado 26 de julio en el marco del Plenario de la Militancia Kirchnerista de Córdoba, y exponiendo en la comisión de Desarrollo Local, el Secretario de Municipalidades de la Nación, Lic. Ignacio Lamothe, sentenció que no puede plantearse el desarrollo local por fuera de la suerte que corra el proyecto nacional y popular y que es necesario abandonar el cortoplacismo y empezar a planificar la ciudad.

Es verdad que las políticas macroeconómicas establecen un marco, una lógica de la que es difícil sustraerse, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada desde la capacidad de lucha y organización de la ciudadanía que se resiste a ser desposeída por los dueños de la plata y de las decisiones administrativas. Con decir que todos los cambios operados en nuestro país con el Kirchnerismo en el poder, avanzando en equidad, con una mayor presencia del Estado y recortando el poder las clases dominantes, no ha bastado para cambiar la lógica de los desarrollos locales, que dependen de sus propias fuerzas puestas en movimiento. Esa es la realidad de la ciudad de Córdoba, que parece caminar a contramano de los cambios nacionales. Las políticas neoliberales, las concepciones gerenciales y privatistas le han dado todo el poder a los especuladores urbanos que son los verdaderos planificadores de la ciudad.
Planificar la ciudad como recomienda el funcionario nacional, implica tener en claro que la ciudad es un campo de disputa entre estas fuerzas sociales por la apropiación de los bienes públicos y la ampliación de los bienes comunes. Eso implica para un gobierno nacional y popular que debe situarse en el campo de los que hasta aquí vienen siendo perdedores en esta puja, empoderarlos, armarlos frente al capital, generar condiciones para construir ciudadanía, que implica hacer efectivo el derecho a la ciudad para todos.

La ciudad que queremos, que nos permita desarrollar nuestra vida satisfactoriamente y también la de las demás generaciones, debe ser pensada, soñada, y planificada con la participación democrática de todos, objetivo que no va a ser un regalo por el mero hecho de acceder al control del aparato administrativo, requiere como condición del aporte rebelde de los movimientos sociales.

Alberto Hernández

Concejal MC

Estando en campaña en 2011, como precandidato a intendente, la excelente revista Matices, me hizo una nota y entre otras cosas me preguntó sobre lo peor que podía pasarle a Córdoba. Mi respuesta fue: “ Que gane Mestre o que Juez invente otro candidato”.

Ganó Mestre y pasó lo peor, aunque no me imaginaba cuanto más lo iba a ser.

En aquel momento mi respuesta se basaba en la comprensión de que la UCR – y sobre todo la de Córdoba-, alejada desde hace tiempo de aquella declaración de Avellaneda, hizo un viraje permanente – salvo un breve interregno de coqueteo Alfonsinista con la internacional socialista – hacia un neo Alvearismo que es, ni más ni menos que neoliberalismo sin vueltas, mal que les pese a algunos Yrigoyenistas que todavía quedan en el más que centenario partido. Esta certeza se fue afirmando a partir de las declaraciones del joven Mestre y de sus promesas electorales de “orden”, “firmeza” y privatizaciones por doquier.

Cuando se piensa que la actividad privada y la economía de mercado son el motor del desarrollo y del progreso de todos, se concibe al Estado como esencial generador de ese clima de negocios y por ende de promotor de la actividad privada; la consecuencia principal es llevarlo a una situación de subsidiariedad y desentendimiento de la intervención en la economía y de la prestación directa de servicios susceptibles de convertirse en buenos negocios para particulares, tales como, en el caso del municipio, el transporte o la recolección de residuos entre otros.

Mestre, en cumplimiento de sus promesas electorales, privatizó la recolección de residuos, liquidando la CRESE y reemplazándola por concesiones más onerosas que no han demostrado mejorar el buen servicio que prestaba la empresa municipal, o el sistema de transporte, liquidando también la TAMSE que hacía los recorridos que ninguna privada quería hacer por no ser rentables – esa es la sustancia y el valor agregado de las empresas del Estado- y poniendo en marcha otro que hasta la fecha sigue promoviendo duros reclamos de vecinos, sobre todo los de los barrios mas humildes y alejados que se han quedado sin el transporte que antes cubría el anterior sistema y en buena medida la empresa estatal.

Pero fue mucho más allá porque concibiendo al estado municipal como un socio insustituible de los negocios privados, adoptó la lógica gerencial de las sociedades comerciales incursionando inclusive en las inversiones financieras. Al sentir que el Municipio es parte del mundo de los negocios, a Ramón y sus funcionarios les ha parecido absolutamente natural que ERSA los invitara a su fiesta y les pagara los gastos, no podían de ninguna manera observar nada malo en ello. Tampoco al arriesgar dineros públicos en la mesa de dinero de la malograda CBI.

Cuando pensaba que lo peor que podía pasarle a la ciudad es que ganara el Radicalismo, me basaba en el hecho de que el nudo del pensamiento neoliberal es la creencia de que yéndole bien a los privados nos va bien a todos y, como ha quedado larga y dolorosamente demostrado en los 90, solo les va bien a los dueños de la plata, quedando la mayoría de la población excluida de derechos y de la riqueza generada.

El gran teórico marxista francés, Enri Lefebvre por los años sesenta y posteriormente el célebre geógrafo Inglés David Harvey elaboraron y actualizaron respectivamente la idea del “derecho a la ciudad” a partir de la constatación de que la lucha entre el capital y el trabajo o lo que es lo mismo la distribución de la riqueza, ha adquirido definitivamente dimensión urbana y es en las ciudades donde principalmente ese conflicto se presenta. El dominio fáctico del capital con la aquiescencia y complicidad de las administraciones locales que, como la de Ramón Mestre, adhiere a concepciones neoliberales, permite y coadyuva a que prosperen los negocios, fundamentalmente los inmobiliarios y a su ritmo y voluntad se va diseñando la ciudad: proliferan los guetos para ricos y pobres, se acrecienta el valor de la tierra desplazando a los grupos de menores ingresos a la periferia, con menores servicios y menores derechos, se deteriora la salud pública y se contamina el ambiente. Lo único que se democratiza es el pago de impuestos. Todo es negocio. Todo se compra y se vende. Los que no tienen poder de lobby no tienen el derecho a opinar y menos decidir sobre la ciudad que quieren para ellos y sus hijos; la planificación urbana es un privilegio de pocos. Y si no que lo digan los vecinos de la Rafael Nuñez a los que nadie consultó si querían que les sacaran los árboles que hace años forman parte de su paisaje, del estilo de su barrio y su propio bienestar en nombre de un dudoso nuevo servicio de transporte.

Esta concepción se ubica en las antípodas de la nuestra que pone el eje en el “derecho a la ciudad” que cada habitante tiene para desarrollar una vida plena, en un ámbito integrado y democrático. Por todo esto nuestra certeza de lo mal que nos iba a ir con el actual intendente

Pero todo fue peor. Luis Juez supo decir que “para tapar baches no hace falta ideología” y en eso- solo en eso- tenía razón. Hay que tener un poco de sentido común, hacer las inversiones necesarias, tener un poco de sensibilidad social y querer conservar el capital político. Mestre Jr., como yo decía en aquella campaña, en otro artículo es “…un peligro para la ciudad porque no tiene ni idea” “ no va a conseguir (…)para decepción de sus votantes y el padecimiento de todos, (…)hacer funcionar el aparato administrativo”. Solo prometía “orden”, “firmeza” y privatizaciones.

Si orden quería decir que la ciudad funcionara, a mas de dos años de gestión nada funciona: las calles reproducen fielmente el paisaje lunar para la tortura de los automovilistas; los semáforos no funcionan, o peor, en las encrucijada andan unos y no los otros; la oscuridad reina en los barrios y en muchas calles céntricas; el hedor cloacal es parte de los aromas urbanos casi en todos los barrios y fuente de insalubridad especialmente para los niños; el nuevo sistema de transporte deja mucho que desear al igual que la recolección de residuos; los servicios administrativos municipales viven paralizados por los conflictos, particularmente los mas sensibles como la salud y para mejor los funcionarios y hasta el mismo intendente son sospechados de corrupción y violación de las más elementales normas éticas.

El único orden que existe es una consigna pintada con inmensas letras en carteles igualmente gigantes colocados por toda la ciudad y prepotentemente en las plazas donde dice que las arreglaron. Se supone que terminaron la obra y que no tienen mas sentido pero siguen ahí clavaditos nomás, obstaculizando la vista y afeando los lugares públicos. Cuando uno ve eso piensa que algún funcionario seguramente hace negocios con esos mamotretos.

“He recibido el mensaje” dijo el intendente en una suerte de reconocimiento de su falta de idoneidad para gobernar la ciudad y como muestra de que todo va a mejorar para felicidad de los cordobeses, llevó a cabo un cambio total de gabinete.

Probablemente y a la luz de la experiencia estos traten de no cometer los mismos “errores” que sus antecesores o por lo menos que ningún Méndez se los ponga en evidencia. Aunque ya se perdió más de la mitad del período de gestión, seguramente algunas cosas empiecen a funcionar, pero la ideología, eso que parece abstracto e inútil y que se pone en evidencia cuando se decide a quien servir desde el Estado, no se cambia por más que pongan a los más vivos y aun capaces en las secretarías.

Van a seguir gobernando especialmente para los dueños del capital, que es a quienes defienden desde hace bastante tiempo, y condenando a los ciudadanos de a pie a sufrir la ciudad y vivir cada vez peor.

Alberto Hernández

La tan mentada reforma del sistema de transporte, que está poniendo en marcha el Gobierno Municipal de Mestre, solo es una pretendida respuesta técnica que puede mejorar o no el servicio para todos los cordobeses, pero no cambia su concepción de fondo: el transporte como negocio y no como derecho de los ciudadanos y nervio esencial para el funcionamiento de la ciudad. Por eso debe mantenerse a boletazo limpio impactando fuertemente en el bolsillo de los cordobeses, sobre todo de los que menos tienen.
Visto como negocio, el problema del transporte siempre va a depender de la rentabilidad de las empresas que lo integran y, como se sabe, dentro del capitalismo, se pretende que cada vez sea mayor. Y para eso debe aumentarse el precio del boleto y/o los subsidios. Desde el punto de vista neoliberal, que sustenta las políticas de esta gestión municipal, el Estado se concibe como un gestor de negocios y subsidiario de la actividad privada y el mercado, por eso apuesta (independientemente de si hay corrupción o no) a la supuesta mayor eficacia y menor costo para el erario público de la empresa privada (afirmación falaz, desmentida totalmente por la privatización de CRESE que elevó el costo del servicio y lo empeoró). En esa lógica los usuarios del transporte asumen el rol de clientes que con el pago del servicio lo deben hacer sustentable y el estado concurre a garantizar la rentabilidad en cuanto el impacto social no permite aumentar el boleto en la forma en que lo determina la ecuación de costos.

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La ultima quincena de junio tuvo a los colombianos en estado de indignación. El proyecto de reforma a la justicia que envío el presidente Santos a principios del corriente año con el objetivo de agilizar un sistema judicial moroso, que estaba a punto de archivar miles de causas, estuvo escandalosamente en el tapete por estos días provocando una de las mas agudas crisis institucionales en Colombia.

Para tal reforma en este país es menester apelar al mecanismo de la enmienda de la Constitución, cuya responsabilidad cae sobre la Asamblea Legislativa integrada por la Cámara de Representantes y el Senado donde el partido de la U, el oficialismo (uribismo), es la primera minoría y el resto hasta cubrir casi el 90% de la cámara, lo integran el panuribismo y las demás variantes conservadoras y liberales. El proyecto estuvo en estudio en ambas cámaras hasta mediados del mes pasado; al finalizar su tratamiento paso a la Comisión de Conciliación integrada por representantes de las dos cámaras y cuya función es compatibilizar las modificaciones y aportes para elaborar un proyecto único. He aquí el comienzo del bochorno.

Según las crónicas de los medios colombianos, una parte de los conciliadores del senado se reúnen en una residencia particular para acordar una serie de modificaciones, que luego serán consensuadas con el resto del los conciliadores de ambas cámaras. A esas reuniones y haciendo sus aportes y objeciones asistió a su vez Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia del Gobierno Nacional, que según su versión, fue invitado a retirarse en la última reunión aduciendo que la reforma era una facultad de los congresistas.

Hay que decir en este punto que la corrupción corroe todos los estamentos institucionales y la sociedad de Colombia, y es tal su magnitud e influencia – desde la perspectiva de este observador extranjero – que es en buena medida responsable del fracaso o la pérdida de eficacia de la mayoría de las políticas públicas y de la inequidad social. Si comparamos, los corruptos argentinos son aprendices al lado de los ejemplares colombianos. En una nota anterior señalábamos el papel que juega la corrupción en el sistema de salud para hacer ineficaces las iniciativas y los planes de gobierno para mejorar un sistema de por sí muy malo. En este caso se trata de la corrupción política o de la “parapolítica” o “narcopolítica”. En los tribunales hay unos 1500 casos de ex congresistas, funcionarios, jueces, militares, y aun congresistas en uso de sus funciones acusados de tener vínculos con el narcotráfico o los paramilitares, o por tráfico de influencias y otros negociados. Estos juicios, que esperan fallo desde hace tiempo, están parados o tienen una morosidad exasperante y fácil en semejante contexto, inferir por qué.

Para acelerar estos trámites, se suponía que venía la reforma pero los congresistas la aprovecharon para blindar su inmunidad y la de los demás funcionarios con fuero, con una serie de artículos agregados que la prensa bautizó como “micos”.

http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/micos/

Esta reforma que iba a obtener como resultado el archivo de las causas señaladas y la imposibilidad práctica de iniciar nuevas causas por la parapolítica, fue finalmente puesta a consideración de la asamblea legislativa el 20/06 y aprobada por 115 de los 125 legisladores presentes. Solo votaron en contra el bloque del Polo Democrático, y los unipersonales de Mira y Afrovides, a los que se sumaron integrantes de los demás bloques que no acompañaron a la mayoría por cuestión de conciencia. Hasta aquí, era un hecho tan oscuro e indiferente para la ciudadanía en general, como en general lo es la actividad legislativa en todos los países del mundo. Pero inmediatamente de aprobada, Esguerra denunció la maniobra y el sentido que tenía y presentó la renuncia indeclinable al presidente. Se desató el escándalo. La prensa, los partidos progresistas y los estudiantes como sector más sensible, jugaron su rol e involucraron a la ciudadanía que reaccionó indignada. El presidente Santos tomó nota y anunció que no iba a promulgar la reforma. Los colombianos de a pie vomitaban en cada micrófono que le acercaban su bronca: “corruptos”, “delincuentes”, “que renuncien” “son peores que Pablo Escobar porque no legislan para el pueblo”, etc. Inmediatamente reaccionaron los estudiantes, el gremio judicial y partidos opositores quienes iniciaron “el firmatón”, para recolectar las firmas necesarias para una convocatoria a referendo para voltear la reforma. El presidente Santos anuncia la vuelta al congreso del la norma para que quiten los “micos”. Entonces se inicia discusiones en los medios, con constitucionalistas y políticos para determinar si era viable volver a tratar el proyecto. Surgieron así propuestas de convocatoria a asamblea constituyente, de revocatoria de los congresistas, de eliminar los artículos cuestionados y dejar el resto o de hundirla totalmente. Los ciudadanos estaban cada vez más indignados y firmaban con la dos manos las planillas que se exhibían en muchas ciudades de Colombia. Finalmente Santos reenvía el proyecto al congreso y da instrucciones a los congresistas de la U para hundirlo totalmente. El día llega. Los sectores que impulsan la revocatoria convocan a un plantón en la plaza Simón Bolívar frente al Congreso para reclamar por el hundimiento de la reforma y seguir juntando firmas (por las dudas). En la plaza no muy colmada y con una presencia fuerte del gremio judicial, se hacen encendidas alocuciones desde un palco en contra de los congresistas y del gobierno de Santos, al que se lo ridiculiza en un video. El Polo Democrático aparece como fuerza política conduciendo la protesta, junto a Marcha Patriótica estudiantes y el gremio judicial. “No queremos, no se nos da la gana, tener una justicia más privatizada; sí queremos porque nos da la gana tener una justicia libre y soberana” es la consigna mas coreada. Desde este espacio no solo se cuestiona los micos introducidos por los legisladores sino la reforma impulsada por Santos a la que atribuyen intenciones de traspasar a manos privadas funciones de los jueces y hacer la justicia más cara para el pueblo.

A eso de las 3 de la tarde comenzaron a ingresar los legisladores bajo un coro de insultos mientras el titular del gremio judicial anuncia que estaban de paro y lo estarán por tiempo indeterminado hasta que se caiga la reforma.

Las sesiones por separado de la Cámara de representantes y del senado se iniciaron transmitida por la televisión pública. Fueron horas donde los legisladores desfachatadamente justificaron su voto y trataron de limpiar su imagen altamente deteriorada. También se hicieron referencias a la constitucionalidad y legalidad de lo que estaban haciendo, tratando nuevamente un proyecto que había sido aprobado hacia unos días. De acuerdo a los comentarios periodísticos y de políticos y ciudadanos, se estaba viviendo la crisis institucional mas grave de los últimos años. Como nunca el pueblo colombiano siguió y se interesó por lo que hacia el congreso. Finalmente las dos cámaras sin la presencia del Polo Democrático, aprobaron por unanimidad el hundimiento de la reforma y todo quedó como al principio. El resultado es el deterioro notorio de la imagen de los congresistas, de la justicia y del propio presidente Santos al que no le alcanzó con reconocer su responsabilidad en el affaire. No obstante esto y sin esperar a que se enfríe este escándalo, en el día de ayer trascendieron los detalles de una maniobra tendiente a arreglar las elecciones llevadas a cabo el domingo pasado para elegir gobernador en el Valle de Cauca, donde viven más de dos millones de colombianos. Según la información el costo de la operación fue de un millón seiscientos mil dólares. Se encuentran varias personas detenidas y comprometido un ex legislador ya preso por vinculaciones con el narcotráfico, once funcionarios públicos y habría ramificaciones en organismos nacionales. Aparentemente todos integrantes de una vasta red dedicada a arreglar elecciones.

En un reportaje concedido al diario El tiempo, y publicado en el día de ayer, el presidente además de reconocer su error, contraataca señalando que todas las noticias malas sobre Colombia en el exterior son debidas a las FARC y al ex presidente Uribe. Encuestas llevadas a cabo por Gallup y Datexco coinciden en señalar que la imagen negativa de los congresistas se ubica entre el 69 y el 76 % aumentando casi un 20% después del incidente; de la misma forma la imagen negativa del Sistema Judicial se ubica en el 70%. Por su parte, el presidente Santos si bien sigue teniendo una imagen postiva del 55 %, antes lo era del 65%. Al parecer de todo esto salió fortalecida la oposición progresista que todavía es débil, y particularmente el Polo Democrático quien cuestionando la legitimidad de este Congreso exaltó el rol de la sociedad civil, y su imprescindible protagonismo para terminar con la corrupción y construir una Colombia en paz, con democracia real y equidad social.

Alberto Hernández

04-07-2012

La salud en colombia: una mercancía más

En estos días el sistema de salud colombiano ocupa buena parte de los minutos y las lineas de todos los medios de comunicación. Se hacen programas especiales donde los ciudadanos hacen llegar quejas de todos colores sobre las deficiencias en la atención, las colas para obtener turnos, las llamadas telefónicas que no son respondidas o nunca dan con un ser humano y al final se interrumpen, etc. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció en estos días la designación de una veintena de gerentes para otros tantos hospitales con la consigna de “terminar con la corrupción, producto de la politiquería, los gastos desmedidos, las designaciones clientelares de personal y empezar a sentar las bases de un sistema preventivo de salud”. Han empezado a salir a luz algunas deudas millonarias que las administraciones anteriores han dejado en los hospitales, la carencia de profesionales médicos, la falta de mantenimiento de los equipos, el exceso de personal administrativo y casos de negligencia o mala praxis.

Cuando el mercado manda

Colombia tiene una economía de mercado, abierta y casi totalmente desregulada o sin controles, donde todo se compra y se vende, se negocia y se regatea. Cada uno se salva como puede, impera la ley del mas fuerte o el más rico. Solo el 4 % de los trabajadores están sindicalizados y menos que eso son los que están bajo convenio colectivos de trabajo. El mercado manda y también en la salud a pesar de la legislación aprobada en el año 1993 y las reformas de los años 2007 y 2011 que apuntan a dar cobertura a toda la población con distintas condiciones según sea el estrato social al que pertenezca. El sistema combina e integra el hospital público con los oferentes privados y el conjunto se sostiene con fuertes partidas de subsidios y el aporte personal o la facturación de los pacientes. La puerta de entrada son las EPS (Entidades Prestadoras de Salud), que son empresas privadas que compiten entre si y a las que los colombianos deben afiliarse pagando una cuota y abonando sus servicios; éstas deben cumplir con las prestaciones a las que la obliga el Plan Obligatorio de Salud (POS) y si corresponde hacen las derivaciones a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), de mayor complejidad, que pueden ser públicas o privadas.

En las IPS se cobran a buen precio las consultas y los estudios lo que no es garantía de celeridad y eficacia. La burocracia y la ineficiencia ponen a prueba la paciencia de los Bogotanos. Los medicamentos y los servicios se brindan en forma gratuita o abonando un porcentaje según el estrato social en que se encuentre el paciente y si es contributivo, subsidiado o vinculado (depende de su capacidad contributiva). Claro que aquellos sectores de altos ingresos, recurren al sector privado sin tener que soportar los padecimientos del resto de la población.

La realidad bastante lejos de las intenciones

La ultimas leyes dejaron plasmada la voluntad de darle forma a un sistema de “calidad, incluyente, equitativo y universal” pero la realidad dista mucho de eso y es resistente a cambiar. Las EPS, bajo la lógica de maximizar las ganancias, no cumplen con todas las prestaciones a las que están obligadas y las cargan con derivaciones al sector público que a su vez está cruzado por la corrupción, por lo que los fondos públicos que se destinan al sistema van a parar en buena medida a un agujero negro.

Acompañé a G.D. en todo su peregrinar para atender sus pulmones, debilitados por una bronquitis persistente. Ya llevaba dos semanas tratándose con unos inhaladores recetados por el médico de su EPS. Cuando fue por primera vez por esta dolencia en una emergencia respiratoria que requería atención inmediata, “ el médico que debía atenderme – cuenta G.D.- se negó a hacerlo porque tenía la agenda completa y me indicó que sacara una cita que me daban para unos quince días después”. Pero en esa situación no se podía esperar así que siguió insistiendo hasta que encontró otro clínico de buena voluntad que la atendió. Y esa es otra de las habilidades que debe desarrollar un bogotano para sobrevivir en esta selva: la picardía para sortear las reglas. Transcurridos esos días sin que mejorara de su bronquitis, con una tos persistente y dificultades para respirar, la paciente volvió a la EPS, donde el médico le indicó unos estudios y una radiografía de tórax. Con las indicaciones se dirigió a la ventanilla de facturación, allí pago 34000 pesos (hay que dividir por 400 para expresarlos en pesos argentinos) por la radiografía y otro tanto por los demás estudios y la derivaron al Hospital del Guavio en la zona suroriental de la ciudad donde supuestamente la iban a atender inmediatamente. Anoticiados de que el equipo de rayos del hospital estaba fuera de servicio, le indicaron que debía ir al Hospital de la Victoria, más al sur. Hacia allí fue, en ayunas, luego de abonar un taxi. Ya en el puesto de ingreso del hospital, donde ya tenia historia clínica, le explicaron que no podían hacerle la placa porque debía ser indicada por un profesional de ese centro asistencial y que podían darle un turno para el especialista para dentro de 15 o 20 días y luego otro para sacarse la placa. No sirvieron los argumentos de la urgencia del caso ni el hecho de que haya sido derivada por la EPS con la certeza de la atención inmediata.

 La feria de las clínicas privadas

 Como se veía que este trámite iba para largo, G.D. Decidió recurrir al sector privado. Llegamos a la zona de “clínicas” – toda actividad económica se agrupa por zonas: la de las ferreterías, de las tiendas, de las imprentas, de los celulares, de la informática, de los talleres mecánicos etc.- donde la realidad golpea a quien no está prevenido y está imbuido de la cultura del derecho a la salud, de las obras sociales y la salud publica gratuita y universal. Mas que clínicas eran “boliches” de salud. En lugares reducidos funcionaban con un escritorio y un par de divisorios que hacían las veces de consultorios. Los había más grandes y mejor equipados, pero también los que cabían en lugares reducidos. En la calle, empleados de esos centros ofrecían atenciones a precios diversos.

– A la orden señora ¿que necesita? – la abordó uno de ellos

– una radiografía de tórax – le contestó G.D.

– Venga conmigo que se la hacemos por 30 (mil)

Estuvimos recorriendo esos negocios de salud y los precios variaban desde 20.000 hasta 45.000; finalmente optó por el más barato y que le entregaba el informe en el acto.

 Y otra vez a peregrinar por los hospitales

 Con la radiografía en la mano y habiendo pagado menos que en el hospital público volvimos al médico, con el consiguiente gasto en transporte (que merece un articulo aparte, por lo caro y caótico). Ya se había retirado así que hubo que volver al día siguiente. Cuando vio la placa, le dijo que no tenia nada y que se hiciera los estudios; que neumonía no era porque si no ya se hubiera muerto y que se le iba a pasar, que se quedara tranquila. Para los estudios fuimos, unos cuantos días después, luego de varias llamadas telefónicas para averiguar donde quedaba y sacar turno, al Hospital del Guavio que le correspondía por la zona. Una vez allí verificó que el aparato de rayos si había estado en funcionamiento y que podía haberse hecho la placa. Se hizo los estudios y se sacó una nueva radiografía, ya que la había pagado y no le iban a reintegrar el dinero. Aun no se la entregaron porque debe informarla el neumólogo. Nuevamente debimos ir al Guavio por los resultados de los análisis. Como casi todo aquí, el régimen de seguridad en los hospitales es riguroso y no dejan entrar a nadie que no tenga que hacer en él, así que debí quedarme afuera. Aproveché la circunstancia para conversar un par de horas con Miguel, que se las rebusca, como muchísimos bogotanos, vendiendo unas arepas riquísimas en la calle frente a su casa vecina del hospital, pero esta es otra historia.

Volvimos uno o dos días después al clínico y con los resultados en la mano la derivó al neumólogo. Allí empezó otra odisea, ya que al parecer hay déficit de estos profesionales en los hospitales públicos. Finalmente la derivaron para el Hospital de Santa Clara, también en la zona sur y a unas veinte cuadras del domicilio de nuestra paciente. Para sacar el turno se comunicó telefónicamente al turnero, tal como indican las instrucciones oficiales y después de varias respuestas tipo: si quiere un turno para clínica, marque uno, si quiere para…..marque 2 y así, logró comunicarse con un ser humano que le dijo que se llegara por el hospital a eso de las 3 o 4 de la mañana que daban turnos limitados y que iba mucha gente. G.D. se fue a esa hora (en taxi, porque no circulaban los colectivos) y se encontró con una cola de unas 150 personas, muchas de las cuales estaban desde la noche anterior, durmiendo en el piso, arrumbados y cubiertos con mantas. Consiguió un turno para las primeras horas de la tarde y pagó 100.000 pesos de facturación por la consulta (el 30% del total porque es subsidiada), no sin antes perder un par de horas por errores del personal administrativo en el procedimiento correspondiente . Fuimos caminando y de esa forma logramos reducir el acumulado de transporte que ya llevábamos. Esta vez mediante un ardid logré entrar con ella y nos dirigimos al neumólogo, quien nos atendió inmediatamente. El profesional le indicó que continuara con los inhaladores y le pidió una espirometría (con la misma placa que ya había visto el otro médico) porque observó lesiones en sus pulmones. Como los estudios debía hacérselos en la misma institución, fuimos al laboratorio de neumología; allí dos personas que aparentaban ser profesionales del área y que estaban sin hacer nada nos dijeron que tenían la agenda completa y que debía sacar un turno. Fuimos a donde nos indicaron y allí la empleada nos explicó que cada quince días se armaba la agenda, que había que comunicarse telefónicamente en ese plazo para ver cuando le iban a dar cita. No había urgencia que valga. Antes de retirarnos GD tuvo la suerte de encontrarse con una gentil empleada que fuera de su lugar de trabajo estaba de visita en otra sección y que casualmente era del laboratorio quien le informó que no era cierto que la agenda estuviera cerrada y que cuando volviera la viera a ella obviando la cola. Por supuesto que deberá pagar la facturación correspondiente. Así está GD, esperando todavía para saber que tiene, con tos, respirando mal, cuidándose de no enfriarse por el clima cambiante de Bogotá, desde hace más de un mes.

 Al final tan mal no estamos en Argentina

 No he pretendido hacer un examen exhaustivo del sistema pero esta fue mi experiencia y me dejó pensando que si esto es en Bogotá, lo que debe ser el interior, sobre todo en zonas donde la pobreza llega al 80 o 90 % de la población.

Menos mal que soy un tipo sano. Cruzo los dedos para no tener que recurrir a ningún centro de salud colombiano o que en ese caso el seguro de salud que contrate por 500 dolares me cubra la atención en centros privados, donde se atienden los ricos, que seguramente funcionaran mejor que lo que he visto y experimentado. Aunque lo mejor es que cualquier dolencia que me acogiera pudiera esperar hasta que llegue a la Argentina. Viendo esto, uno que se ha cansado de despotricar contra el sistema de salud en nuestro país, se da cuenta de que tan mal no estamos y que es fundamental seguir luchando por afirmar la idea de la salud como un derecho y no como una mercancía.

Alberto Hernández

Bogotá 31-05-2012

Hoy estoy irritado. En realidad hace un tiempo que lo estoy y bastante. Me irritan un poco los pseudos revolucionarios que hacen infantilismo de izquierda, repitiendo hasta el cansancio consignas que ya dejaron atrás la fecha de vencimiento y fundamentalmente estériles.

Me irritan mucho más los progres que hacen oposición cerrada al gobierno nacional y solo se dedican a criticar (cosas criticables que las hay y otras por puro oportunismo) sin considerar la formidable transformación que operó en el país cambiando definitivamente de signo y circunstancias la suerte de las luchas populares, que hoy se dan para ir por más y no para defender lo poco que nos dejaban las políticas neoliberales, impuestas a sangre y fuego; que no consideran las correlaciones de fuerzas y la condición necesaria de producir los cambios culturales y del propio sentido común de la sociedad (que sigue estando en disputa) para poder proponerse metas más ambiciosas. Y estoy mas irritados con ellos porque coincidimos en la visión de país y de sociedad que queremos y podríamos estar luchando juntos – y estamos enfrentados – para empujar esta puerta enorme que entreabrió el kirchnerismo para que no solo no se cierre sino que permita la entrada de todos nuestros sueños (que nadie nos va a regalar, ni siquiera este gobierno).

Dejo afuera de mi irritación a los trogloditas y añoradores de la Argentina conservadora, que los hay de todo pelaje: fachos, neoliberales, clericales, democratistas (no, demócratas) o usufructuadores de los diversos poderes corporativos. Los dejo afuera porque ya se que están del otro lado, no tengo dudas. Hay que vigilarlos, combatirlos, diluir su poder destructivo, su capacidad de influencia, impedir que se rearmen para volver a imponer condiciones. Dentro de estos los más peligrosos son los que se disfrazan y que dentro del movimiento popular esperan su oportunidad para dar el zarpazo, y los tenemos al lado nuestro. Hay que saber detectarlos y cuidarse de ellos.

Pero la verdad que los que mas me irritan, me ponen de la nuca, son los kirchneristas bobos, los “sicristinistas”, los que hacen saludo uno, saludo dos, ordene y obedezco, lo que justifican todo con los mismos clichés y descalificaciones que la pseudo izquierda precámbrica y no son capaces de entender que este es un modelo en construcción, que vivimos una etapa de transición “hacia”, que no hemos llegado a ningún lado. Y que por mas voluntad y claridad política que tenga este gobierno, hay barreras, hay limites, hay objetivos que solo se consiguen y se superan con lucha, con el protagonismo de los distintos sectores de la sociedad reclamando lo que por derecho creemos que corresponde. Y disputando en el terreno ideológico y político, debatiendo, denunciando a los traidores, y criticando para avanzar no para destruir.

Siendo lo mejor que nos ha pasado desde los 70 para acá, no han sido infalibles ni impolutos Néstor y Cristina, ni lo será ninguno. La complacencia, la obsecuencia, el seguidismo (la lealtad es otra cosa) es la necrosis de uno de los procesos mas vivos y ricos de la historia argentina y latinoamericana que nos está tocando en suerte vivir.

Alberto Hernández