Con skaters y bikers

Hoy teníamos previsto llegar hasta Villa Unión en el borde suroeste de la ciudad y hacer unos 30 y pico de Km ida y vuelta. Con ese recorrido superaríamos los 500 km desde que arrancamos con la campaña; pero no pudo ser, rompimos la bici y llegamos solo hasta el Parque de las Naciones. De todas maneras aprovechamos para conversar con los pibes que practicaban skate y bikes en la única pista pública que hay en Córdoba y que está bastante deteriorada.

Con los pibes skaters y bikers que dicen que no hay donde practicar porque hay un solo skatepark público y está deteriorado

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Carta a nuestra gente

En Córdoba es tiempo de Revolución Urbana

Estamos viviendo nuevos tiempos de lucha, de pasiones, de utopías reverdecidas. Los que no agotamos nuestras energías en los años de resistencia, en los años de urdir estrategias defensivas, hoy volvemos a la carga con vocación revolucionaria o transformadora o de cambio, como se le quiera decir. Nada mas ni nada menos que con la pretensión de trastocar las relaciones de poder; para que los que siempre han sido los dueños de la riqueza y de nuestras vidas, dejen de serlo para construir una sociedad con equidad y democracia real. Afortunadamente este renacer de sueños viejos, está acunado por miles de voces que susurran sueños nuevos y jóvenes, que bailan y cantan que nunca menos; que vamos por más.

Córdoba es la ciudad donde más se construye en el país, donde el capital sojero ya no se invierte en unos departamentitos para renta sino en uno o más edificios. Emprendimientos inmobiliarios para ricos, con pileta, seguridad privada, y otros chiches; que no tienen como objetivo reducir el déficit de viviendas, sino la especulación rentística lisa y llana. Estos grupos inversores. que se denominan a sí mismo “desarrolladores”, son los verdaderos dueños de la ciudad, que ponen las condiciones a los intendentes de turno y desarrollan una ciudad en función de sus intereses. Por eso hoy Córdoba, es una ciudad fragmentada, donde crecen barrios cerrados amurallados y PH para ricos con todos los servicios a expensas de una inmensa mayoría que carece de cloacas, de alumbrado, de asfalto, con mal transporte, con aguas servidas por sus calles. Este proceso ha ido elevando especulativamente el valor de la tierra y las oportunidades de negocios y consiguientemente haciendo emigrar a sus antiguos moradores. Este afán de lucro desmedido, no trepida en contaminar, en demoler edificios históricos y en alterar de facto los hábitos de vida. El negocio lo es todo y los funcionarios provinciales y municipales hacen de comparsa complaciente por interés o inoperancia. Si hay que optar por favorecer el clima de negocios en detrimento de la calidad de vida de la población, ellos no tienen dudas.

Sin embargo ninguno de nuestros oponentes para la intendencia de Córdoba se plantea torcer ese destino ni romper con esa lógica del capital más allá de la retórica propia de las campañas. Unos porque no quieren pelearse con quienes financian sus campañas y otros porque la tibieza de sus reformas tienen el limite de las posibilidades que el poder permite y solo amenazan con la vaina, nunca sacan el cuchillo.

Estamos viviendo tiempos históricos, un tiempo bisagra como dice Cristina, donde se juega en que ciudad, en que país y en que mundo queremos vivir y sobre todo que vivan nuestros hijos. Por eso hoy es imprescindible ( y posible ) plantearse una revolución urbana que trastoque esta relación de poder para decidir entre todos los Cordobeses en que ciudad queremos vivir, haciendo efectivo el derecho a la ciudad, que tal como lo define David Harvey “….es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización”

Con ese horizonte de lucha y con toda nuestra trayectoria a cuestas, que en tiempos de democracia ha transitado por el agridulce camino del posibilismo y la resistencia, verdaderas mordazas de los sueños, es que montamos la bicicleta, desafiando los aparatos políticos gerenciales y clientelares, para recorrer los barrios de la ciudad proclamando que ha llegado la hora de ser protagonistas; hoy es posible pensar un gobierno que le ponga freno a la voracidad del capital, para construir una Córdoba con equidad social, sustentable, participativa e integradora de la diversidad.

A esa tarea los convocamos.

Alberto Hernández

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Bicicleteada 27/03/2011

Por barrios Escobar, Alto Alberdi, Carola Lorenzini, Avenida, Los Naranjos, San Rafael, Juan XXIII, Bajo Palermo. El temario fue variado; hablamos con un remisero y coincidimos con él en que hay que unificar los servicios de remises y taxis y que combatir las mafias que existen en la terminal y el aeropuerto. Otra vez las cloacas. Es necesario invertir para cumplir rápìdamente el plan de cloacas y no autorizar mas construcciones mientras no se pueda avanzar igualmente en infraestructura o que sean autosustentables. En estos barrios los vecinos testimoniaron al igual que en otros barrios de la ciudad, que las aguas servidas se enseñorean por las calles. El abandono de las plazas y la falta de iluminación fueron otro de los reclamos; estas cuestiones favorecen el estado de inseguridad que sienten y por lo que también se quejaron. Las plazas, que cuesta poco tenerlas lindas, y usables, son, ademas de un pulmón para la ciudad, un lugar de reunión y factor de bienestar de los vecinos. Es una cuestión fundamental mantener los espacios públicos verdes e invertir para que tengan mejores condiciones para que sea un lugar de reunión de la comunidad. En cada una debería haber una U por lo menos para los skater y un circuito para las bicis y para correr, ademas de los juegos en condiciones y un lugar para actividades teatrales y culturales en general. Otro tema de este recorrido fue el de la inoperancia de la administración municipal y el bajo rendimiento de sus empleados. Tema clave para cualquiera que quiera llevar políticas publicas adelante. No alcanza con decir como algunos candidatos (porque les da réditos electorales), que hay que «poner a trabajar» a los empleados. Es necesario producir una reforma estructural del aparato administrativo, empezando por un diagnostico consensuado, la elaboración de una estrategia y planes que determinen la existencia de políticas publicas. En función de esos objetivos, modelar la organización, de manera de agilizar las respuestas y la calidad de los servicios. Asociar al personal en ese esfuerzo, garantizándoles salarios y condiciones de trabajo dignas. Terminar con el clientelismo y los contratos, reubicar al personal de acuerdo a las necesidades de la gestión y las capacidades y cubrir con concursos abiertos los puestos necesarios. Cubrir con concursos las jefaturas. Terminar con las bonificaciones y prolongaciones de jornadas que distorsionan la escala salarial y poner en vigencia una carrera administrativa sobre la base del merito  y la capacidad. Poner en marcha un plan de capacitación y entrenamiento permanente del personal. En estas condiciones la inmensa mayoría del personal van a colaborar y trabajar con entusiasmo conviertiéndose en un factor de cambio cultural sustancial.

Otro tema abordado fue el del transito y la necesidad de empezar a disminuir la circulación de automóviles particulares por el centro por la saturaron de las calles y avenidas, la contaminación del ambiente como consecuencia y el nivel de estrés que aumenta entre los automovilistas y peatones. Hay que prohibir el estacionamiento en el centro, el transporte colectivo de pasar a ser no contaminante y circular por avenidas, extender la peatonalización y garantizar el transporte seguro de ciclistas, rollers y sakater. Todo esto en el marco de una optimización del trasporte colectivo, con el subte, y la incorporación de más unidades al sistema de troles y colectivos.

No faltaron los temas del alumbrado, la inseguridad y el deterioro de las calles.

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Gacetilla de Prensa en respuesta a Laura Cesma

Laura Sesma, ha hecho públicas en el día de la fecha declaraciones con ribetes escandalosos respecto de la situación de los contratados municipales, en la misma línea apocalíptica de su jefa política. En ellas saca a relucir su oportunismo electoral y su repulsión gorila por los sindicatos, que es de larga data. Hace referencia con razón respecto de la ilegalidad de los contratos y el uso clientelar del que hacen los distintos partidos que han accedido a gobernar con esa forma de contratación; algo en lo que vengo insistiendo desde hace rato; pero los trabajadores que acceden en esa forma a la administración no solo no tienen responsabilidad, sino que tienen derechos ya que la estabilidad del empleo público es un derecho constitucional y sobre esto hay numerosos fallos de la Cámara Nacional del Trabajo que lo avalan. Por eso el SUOEM no hace otra cosa que cumplir con su responsabilidad de defender los derechos de esos trabajadores. Se podrá criticar al SUOEM por otras luchas de dudosa legitimidad, pero no en este caso.¿ De qué asociación ilícita acusa irresponsablemente la candidata? ¿ Que pretende que el sindicato que los representa no mueva un dedo mientras los echan?. Con lo que hay que terminar es con el clientelismo político y los pagos de favores por los gobiernos de turno y poner en marcha definitivamente la vigencia de los concursos. Y en materia de ingresos por izquierda a la Municipalidad de Córdoba, ella tendría que explicar algunos casos que involucran a miembros de su agrupación.

Alberto Hernández

 

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La necesaria reforma estructural de la administración municipal de Córdoba

De nuevo ante el fin de un mandato en el municipio se vuelve a poner sobre el tapete el tema de los contratados y el reclamo del SUOEM para que pasen a planta permanente. Esta vez son aproximadamente 1600 casos.

La mayoría de quienes opinan sobre el tema lo hacen desde el punto de vista económico; es decir cuantos recursos dispondría la administración para obra pública o mejora de los servicios si no hubiera que pagar tanto en personal. Es una mirada puramente cuantitativa; y el problema es más complejo: se trata de la necesidad de producir una reforma estructural de la administración municipal que definitivamente la transforme en una organización eficaz y eficiente en el cumplimiento de su rol como proveedor de servicios a la comunidad, regulador, planificador y garante de los derechos sociales.
Y hay que empezar por el principio: ¿Cómo ingresa el personal a la municipalidad y por que motivos? La cuestión de los contratados nos refiere a varias situaciones a resolver sin posibilidad de soslayo para poder avanzar en la reforma administrativa: 1) el cumplimiento del Art. 18 de la carta orgánica de ingreso por concurso a la administración publica como forma de terminar con el clientelismo y del empleo como medio de pago de favores políticos 2) el respeto por la estabilidad del empleo publico, consagrado en todos los niveles constitucionales y que se viola con estas contrataciones 3) en la nueva jurisprudencia, y en esto tiene que ver la modificación de la corte suprema de justicia, se afirma la opinión de que este tipo de contratos es un fraude del Estado (ver numerosos fallos de la Cámara Nacional del trabajo desde hace 10 años a esta parte) y en consecuencia da derecho a litigar en su contra con las consecuencias económicas que pueden sobrevenir ante una andanada de juicios.
La contratación indiscriminada que se ha venido haciendo es contraria a la ley y violatoria de la Ordenanza 7244 (Estatuto del Personal de la Administración Publica Municipal) que prevé tanto en el caso de los contratados por el Art. 8º como en los llamados transitorios previstos en el art.9º de dicha norma, que son aquellos que prestan funciones en “…servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional….” o “…de carácter temporario, eventual o estacional…” y no para funciones o tareas habituales y permanentes. Para ello debe ingresar el personal a planta permanente por los mecanismos previstos: el concurso.
Por eso hay que decir las cosas como son, no se le puede atribuir al SUOEM, que cumple con su responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, el incremento de la planta; por el contrario hasta mediando la administración de Luis Juez, la organización gremial siempre se opuso férreamente al ingreso de personal: en aquel tiempo le exigía al intendente un tope de 7125 empleados. Fue la lógica clientelar de la política la que desbocó el ingreso de contratados de todo tipo; y si el poder sindical se impone sobre el derecho de los ciudadanos y obstaculiza la ejecución de políticas publicas, como dice el dicho: la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.
En síntesis: No se puede echar a los que tienen derechos adquiridos pero tampoco puede entrar una sola persona mas a la municipalidad y si se producen vacantes se deberá apelar al concurso abierto. Pero antes se deberá reorganizar la planta, reubicando el personal, poniendo en marcha dos turnos de trabajo eliminando las prolongaciones de jornada y aumentando la cantidad de inspectores; reformar la carrera administrativa para que se ascienda por capacitación y mérito y se asuman mayores responsabilidades y reordenar el sector de personal jerárquico cubriendo por concurso los cargos necesarios.
Una reforma administrativa es necesario pensarla como un proceso de varios años y que va más allá de una gestión pero hay que iniciarlo ya, no se puede esperar más; tiene que ser una política de Estado que se base en un proceso de mejora continua. Este proceso debe partir de un diagnóstico consensuado, de una planificación – el Plan Director avanza en ese sentido – que concluya en la implementación de políticas públicas que guíen la tarea operativa de las distintas reparticiones y que permita superar el funcionamiento inercial de hoy. En ese marco hay que rediseñar la organización municipal en función de los distintos procesos que se ejecutan, que deben concluir en una respuesta rápida y de calidad ante las demandas y requerimientos de los ciudadanos y de la ciudad. Hay que justificar la existencia de determinadas áreas y puestos de trabajo y asumir en serio la capacitación y entrenamiento del personal en forma permanente apuntando a un cambio de fondo de la cultura administrativa. Desde ya que eso requiere una postura inflexible frente a la corrupción, empezando por el propio gobierno que no debe asumir con el compromiso de devolver favores políticos a los que financiaron sus campañas. De darse esas condiciones, mas el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad laboral y el equipamiento adecuado de las reparticiones, la inmensa mayoría de los empleados municipales serían excelentes servidores públicos y brindarían servicios de calidad a los ciudadanos.
Por último hay que decir que nadie hoy puede afirmar con fundamentos cuantos empleados requiere nuestra administración. Hay servicios como los de salud, educación y en general los operativos, que requieren mano de obra intensiva y Córdoba ha crecido poco poblacionalmente en los últimos 10 años, pero el parque automotor creció un 67%, la construcción casi un 200 %, se extendió sin ningún tipo de plantificación, etc.
Por eso, el pase a planta permanente no es el problema, es un síntoma de una patología mucho más grave.

Alberto Hernández

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La Casa de las Tejas y el derecho a la ciudad

El traslado urgente -casi una fuga- de la sede del Gobierno provincial y la demolición de la Casa de las Tejas para construir un Parque Temático pone en discusión varios aspectos particulares y uno de fondo.

Los aspectos particulares: ¿Por qué tanto apuro en mudarse? Cuando uno esta haciendo su casa nueva, no deja la vieja hasta que aquella no esté concluida. Eso es sentido común. Lógica pura. Y si decide tener una residencia provisora y afrontar los gastos – alquileres mudanza adicional, etc – , en el caso de un particular es su problema, pero en el caso de un gobierno, tiene que haber razones más poderosas que la especulación electoral de inaugurar obras este año para justificar un gasto extra de los dineros públicos. Los millones que dicen que gastarán en este movimiento provisorio podrían ser la razón de una demanda ciudadana por violación de los deberes de funcionario público -si es que no hubiera una figura penal más onerosa -, ya que un gobernante debe ser austero en su administración.Otro aspecto particular es el valor patrimonial de la construcción que se quiere demoler. El inmueble se encuentra dentro del catálogo que crea la ordenanza 11.190 como de baja categoría, esto es que “solo” tiene, de acuerdo a su artículo 7, inciso 4 “valor social, de identidad”. Sobre el valor arquitectónico, urbanistas y arquitectos no se ponen de acuerdo, como tampoco – y es la otra cuestión – sobre la obra que se hará en su lugar. En cambio los vecinos de Nueva Córdoba y de otras partes de la ciudad sí están de acuerdo en que, lo que es despreciable para los gobiernos provincial y municipal, su valor social y de identidad, es lo más importante a defender y por eso se han movilizado.

Y he aquí la cuestión de fondo: la planificación de la ciudad de Córdoba; la ciudad donde nacemos, crecemos, construimos nuestra vida y donde queremos ser felices.

La decisión tomada sobre algo que nos pertenece a todos, como la Casa de las Tejas con su historia; como cambiarle el nombre a la Av. de Circunvalación destituyendo a un icono de Córdoba como Agustín Tosco o la proliferación de emprendimientos inmobiliarios que han saturado la red cloacal llenando de olores fétidos numerosos barrios; los guetos para ricos que crecen como hongos, mientras otros ciudadanos deben ocupar terrenos persiguiendo el sueño de una vivienda digna; todo eso responde a una concepción del desarrollo urbano autoritaria, tal como es la lógica despiadada del capital. La ciudad crece al ritmo de los negocios inmobiliarios, de las decisiones burocráticas o la especulación electoral de los funcionarios de turno; camina hacia la fragmentación y el caos, hacia su destrucción como comunidad que armoniza e integra la diversidad.

Es imprescindible producir un cambio drástico y poner fin a esta concepción neoliberal que pone al capital por encima del ser humano y poner en marcha una reforma urbana democrática que integre a todos los cordobeses como ciudadanos activos, no solo en su carácter de destinatarios de las políticas públicas, sino como hacedores y diseñadores de la ciudad en la que quieren vivir y ser felices. Una reforma que humanice la ciudad; que integre, sobre todo a los que la construyen diariamente y no gozan de sus beneficios; la gente debe tener espacios de participación y debe poder decidir sobre su rumbo, sobre las cuestiones que definen su identidad y su bienestar. Hay que devolver a la gente, a los ciudadanos, el derecho a la ciudad.

David Harvey, célebre geógrafo y teórico social británico, decía que “el derecho a la ciudad no es simplemente un derecho de acceso a lo que los especuladores inmobiliarios y los planificadores estatales definen, sino un activo derecho de hacer la ciudad diferente, para darle forma más acorde con nuestro deseo del corazón, y volver a hacernos de ese modo, en una imagen diferente”.

Pues, entonces los vecinos, en la medida en que su derecho a la ciudad no lo garantizan las instituciones, lo defienden en la calle y está bien.

Alberto Hernández

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La carrera politica y los millones necesarios

Temas que nadie toca en campaña

Evidentemente estamos viviendo un enero políticamente tan caliente como la temperatura veraniega. Se han anticipado los movimientos electorales y empiezan a aparecer los afiches de todos los que pretenden ser candidatos a algo. Para la presidencia y para la gobernación son pocos ( al menos en Córdoba) y más o menos previsibles. En cambio para la intendencia de nuestra ciudad abundamos. Algunos dicen que aspiran a ese cargo pero todos sabemos que es para negociar una concejalía u otro lugar en las listas; otros directamente instalan su nombre para lo que venga. Casi todos esperan que el dedo decisorio o los arreglos que se hagan tengan en cuenta esas pretensiones. Es parte de la lógica de la política de los últimos años. Dentro de esa lógica, que empobrece aun mas esta democracia (que, aunque así, menos mal que la tenemos), es la necesidad de contar con aparatos millonarios.

Las reformas a las leyes electorales en el orden nacional y provincial han sido mezquinas y en muchos aspectos mas restrictivas que antes a la ampliación de la participación electoral. En lo que hace al financiamiento de las campañas, si bien la ley provincial 9571/08, de aplicación supletoria en las elecciones municipales, limita sustancialmente los aportes de particulares y prohíbe el anonimato – lo que es muy bueno – sigue favoreciendo a los partidos tradicionales al distribuir solo un 30 % de los espacios electorales en forma igualitaria. El otro 70% se distribuye proporcionalmente a los votos obtenidos por cada fuerza y si fuera nueva obviamente que no le toca nada de ese porcentaje. Los aportes privados en las campaña son fuentes de corrupción porque hay miles de forma de evadir su control y generalmente se superan los limites impuestos por la ley y se oculta su origen. Estos aportes generan compromisos que después se devuelven con favores estatales o tienta a los funcionarios a “hacer caja” desde el estado para armar aparatos políticos millonarios que les permita seguir compitiendo con éxito en la carrera política.

El derecho de cualquier ciudadano común a ser elegido para un cargo publico si se siente capaz, formado y con ideas, es una utopía y más en estos tiempos donde la imagen y los gestos captan mas votos que las ideas y las propuestas. El candidato es un producto comercial más al que hay que vender con una buena estrategia publicitaria y eso cada vez cuesta más. Por eso también en general los que gobiernan – salvo honrosas y valiosas excepciones pasadas y actuales – terminan siendo administradores de los intereses de los que mas tienen y a los que no quieren enfrentar.

Las campañas electorales deberían ser totalmente financiadas por el Estado y que todos puedan tener las mismas oportunidades de poner a consideración de la ciudadanía sus ideas y planes de gobierno, lo que seria mucho mas transparente y también una forma de incentivar a los electores a profundizar el conocimiento de las propuestas.

Cada candidato aspira a “armar” su aparato partidario y no desprecia ningún medio. O es millonario o se corrompe por sostener su carrera política – insisto en que hay y hubo saludables excepciones, pero éstas confirman la regla. Ese es otro de los problemas de esta democracia. La ambición por ascender en el escalafón político hace que en muchos casos utilicen el cargo para el que han sido elegidos, no para solucionar problemas del pueblo, sino como trampolín para acceder al que sigue. Por eso tampoco se planifica a largo plazo, sino que se gestiona a los efectos de que al fin del mandato se puedan mostrar obras que den votos. No se hace lo importante sino lo que electoralmente conviene.

En mi caso solo aspiro solo a ser intendente y si fuera posible por dos períodos, ya que hay políticas públicas que no obtienen resultados dentro del limitado tiempo de una gestión. Después, si hice las cosas bien habrá quien pueda seguir con esas políticas y yo me retiraré satisfecho a militar desde el llano.

Mi trajinar en bicicleta por los barrios de Córdoba con esa pretensión, además de promocionar su uso como medio de transporte saludable y no contaminante, intenta reivindicar el derecho de cualquier ciudadano que se sienta capaz y que tenga ideas, de tener la posibilidad de ser conocido, de ser reflejado por los medios y conocidas sus propuestas por los ciudadanos. Si llego a la intendencia pondré en marcha políticas para una administración y una ciudad de los próximos veinte años. Una de esas medidas será la de aprobar un sistema electoral municipal que permita la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Alberto Hernández

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Primer asado por el partido municipal


Costillar y cordero crucificados

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Mestre Jr. no conoce la administracion municipal y no tiene idea de qué hacer con ella

El precandidato del Radicalismo Mestre Jr. insiste con la mano dura para los agentes municipales, con desdoblamientos de horarios y otras yerbas. Con eso demuestra que no entiende nada sobre la administración pública y menos sobre la municipal. Si quiere reeditar la mano dura de su padre en la Municipalidad, habría que recordar que eso significó cinco años de duros conflictos que perjudicaron a la población y finalizaron solo cuando los salarios municipales fueron los más altos de Latinoamérica. Volvió a pasar con Kammerath y éste no pudo gobernar. El único período de calma y escasísimos conflictos fue en la gestión Martí que inteligentemente apeló al diálogo y a la construcción de consensos. Tampoco prosperaron los intentos de desdoblar los horarios, que no es lo mismo que hacer dos o tres turnos según lo que sea necesario, que sí hay que hacerlo dada la cantidad de personal que hoy tiene la comuna. Lo que no dice Mestre, porque no sabe, es que el problema de la administración es mucho mas serio que la supuesta holganza de los empleados. Es necesaria una reforma administrativa de fondo que implique un rediseño organizacional, para hacer mas ágiles las cadenas de decisiones; es imperioso terminar con el clientelismo político ( a él le preocupa el ingreso de los contratados porque no le va a quedar lugar para que ingrese su gente) y poner en marcha una nueva carrera administrativa sobre la base del mérito y la capacitación; es necesario incorporar tecnología y equipar las reparticiones que están desmanteladas; hay que terminar con las distorsiones salariales producto del sistema de bonificaciones y prolongaciones de jornadas; pero fundamentalmente hay que partir de tener una mirada estratégica, un claro diagnóstico y planes que superen el funcionamiento inercial de la administración. Estas transformaciones solo pueden llevarse a cabo, no desafiando al SUOEM, sino sumándolo como socio en el esfuerzo por brindar servicios de calidad a los vecinos. Es posible un acuerdo de cooperación si se aseguran los derechos de los trabajadores y como contrapartida se requiere eficacia y eficiencia y lucha contra la corrupción. En un marco de cooperación, políticas claras y capacitación, la mayoría de los empleados trabajarán con gusto lo necesario; y los pocos que estén en la corrupción o sean remisos al esfuerzo deberán irse.

Alberto Hernández

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Respuesta a editorial de La Voz del Interior sobre la defensa de los contratados municipales por el SUOEM

Con fecha 05/03/2011, ese diario publicó una editorial titulada “Nefasta tradición que debe terminar” que aborda el tema de los contratados en la Administración Pública. Un tema recurrente y que irrita a los cordobeses pero que hay que analizar correctamente. Es evidente que quien escribió la editorial no conoce sobre derecho laboral y administrativo y ha opinado desde su irritación, más propia de un ciudadano común, que no tiene obligación de saber de esto, que de un periodista experimentado que sí la tiene.

“Son inaceptables las pretensiones del SEP y SUOEM de prolongar una deleznable tradición política y gremial: transformar al personal contratado en una fuente de réditos económicos y políticos” dice la editorial. Lo que hay que decir es que este tema de los contratados es “una deleznable tradición política” que tiene su base en el clientelismo conque los partidos suman adherentes; pagan sus apoyos con puestos públicos y organizan sus aparatos políticos con esos trabajadores. Un ejemplo paradigmático en el ámbito municipal ha sido la gestión de Juez, pero todos en mayor o menor medida desde Mestre hasta Giacomino han echado mano a esta “tradición”; igualmente ha sucedido en el ámbito provincial. Habría que decir que esta usual práctica es ilegal; violatoria de los artículos 8° y 9° del Estatuto del Personal y desde 1995 del articulo 18° de la Carta Orgánica Municipal que establece el ingreso por concurso.

Los artículos mencionados de la Ordenanza 7244, prevén los contratos para cubrir tareas especiales, temporarias o estacionales que tienen principio y fin y no para las que son corrientes y permanentes; para ellas la única posibilidad es el ingreso por concurso a planta permanente. A estos contratos la Cámara Nacional del Trabajo los ha calificado de fraudulentos en abundantes fallos. Y observa que los trabajadores que se incorporan a la administración pública por ese método terminan siendo parias y carentes de todo derecho si se aplica el criterio que generalmente es común en el fuero contencioso administrativo y que comparte ese diario cuando menciona el principio de que los acuerdos se pactan para ser cumplidos. En este sentido la CNT advierte que las partes no están en igualdad de condiciones a la hora de firmar. Una de las partes impone condiciones y la otra acepta porque no tiene más remedio. Pasa con los alquileres, o con el trabajo esclavo o en negro. Para equiparar esas desigualdades nació el derecho laboral que es derecho colectivo por excelencia y que es de orden superior a cualquier contrato privado ya que nadie puede renunciar a sus derechos. En este sentido el trabajador público tiene derecho a la estabilidad, reconocido por la Carta Orgánica Municipal y las Constituciones Provinciales y Nacional. Por lo tanto con respecto a esta “nefasta tradición” quien menos responsabilidad tiene es el trabajador que ha sido contratado en forma ilegal y por el contrario tiene derecho a la estabilidad como todo trabajador público. Vista así la cosa no se le puede achacar al SUOEM ni al SEP, “irresponsabilidad”, “actitud corporativa”, “perversa práctica preelectoral”, “oneroso clientelismo”, cuando están cumpliendo con su rol como organización que es defender los derechos de los trabajadores.

Evidentemente en este camino la administración va hacia el caos y la desfinanciación y el tema de los contratados es solo la punta del iceberg y también es cierto que el SUOEM a veces defiende intereses corporativos que no tienen nada que ver con su rol como organización gremial, pero no es este el caso. A quienes hay que pasarle factura por esta situación y exigirles un cambio de fondo es a quienes acceden al gobierno elegidos por el pueblo.

Alberto Hernández

Pre candidato a Intendente

MPSOL

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