El traslado urgente -casi una fuga- de la sede del Gobierno provincial y la demolición de la Casa de las Tejas para construir un Parque Temático pone en discusión varios aspectos particulares y uno de fondo.
Los aspectos particulares: ¿Por qué tanto apuro en mudarse? Cuando uno esta haciendo su casa nueva, no deja la vieja hasta que aquella no esté concluida. Eso es sentido común. Lógica pura. Y si decide tener una residencia provisora y afrontar los gastos – alquileres mudanza adicional, etc – , en el caso de un particular es su problema, pero en el caso de un gobierno, tiene que haber razones más poderosas que la especulación electoral de inaugurar obras este año para justificar un gasto extra de los dineros públicos. Los millones que dicen que gastarán en este movimiento provisorio podrían ser la razón de una demanda ciudadana por violación de los deberes de funcionario público -si es que no hubiera una figura penal más onerosa -, ya que un gobernante debe ser austero en su administración.Otro aspecto particular es el valor patrimonial de la construcción que se quiere demoler. El inmueble se encuentra dentro del catálogo que crea la ordenanza 11.190 como de baja categoría, esto es que “solo” tiene, de acuerdo a su artículo 7, inciso 4 “valor social, de identidad”. Sobre el valor arquitectónico, urbanistas y arquitectos no se ponen de acuerdo, como tampoco – y es la otra cuestión – sobre la obra que se hará en su lugar. En cambio los vecinos de Nueva Córdoba y de otras partes de la ciudad sí están de acuerdo en que, lo que es despreciable para los gobiernos provincial y municipal, su valor social y de identidad, es lo más importante a defender y por eso se han movilizado.
Y he aquí la cuestión de fondo: la planificación de la ciudad de Córdoba; la ciudad donde nacemos, crecemos, construimos nuestra vida y donde queremos ser felices.
La decisión tomada sobre algo que nos pertenece a todos, como la Casa de las Tejas con su historia; como cambiarle el nombre a la Av. de Circunvalación destituyendo a un icono de Córdoba como Agustín Tosco o la proliferación de emprendimientos inmobiliarios que han saturado la red cloacal llenando de olores fétidos numerosos barrios; los guetos para ricos que crecen como hongos, mientras otros ciudadanos deben ocupar terrenos persiguiendo el sueño de una vivienda digna; todo eso responde a una concepción del desarrollo urbano autoritaria, tal como es la lógica despiadada del capital. La ciudad crece al ritmo de los negocios inmobiliarios, de las decisiones burocráticas o la especulación electoral de los funcionarios de turno; camina hacia la fragmentación y el caos, hacia su destrucción como comunidad que armoniza e integra la diversidad.
Es imprescindible producir un cambio drástico y poner fin a esta concepción neoliberal que pone al capital por encima del ser humano y poner en marcha una reforma urbana democrática que integre a todos los cordobeses como ciudadanos activos, no solo en su carácter de destinatarios de las políticas públicas, sino como hacedores y diseñadores de la ciudad en la que quieren vivir y ser felices. Una reforma que humanice la ciudad; que integre, sobre todo a los que la construyen diariamente y no gozan de sus beneficios; la gente debe tener espacios de participación y debe poder decidir sobre su rumbo, sobre las cuestiones que definen su identidad y su bienestar. Hay que devolver a la gente, a los ciudadanos, el derecho a la ciudad.
David Harvey, célebre geógrafo y teórico social británico, decía que “el derecho a la ciudad no es simplemente un derecho de acceso a lo que los especuladores inmobiliarios y los planificadores estatales definen, sino un activo derecho de hacer la ciudad diferente, para darle forma más acorde con nuestro deseo del corazón, y volver a hacernos de ese modo, en una imagen diferente”.
Pues, entonces los vecinos, en la medida en que su derecho a la ciudad no lo garantizan las instituciones, lo defienden en la calle y está bien.
Alberto Hernández
CAMPANEANDO 
